Con el ataque en Venezuela y la posterior captura del presidente, Nicolás Maduro, por parte de las tropas estadounidenses, ocurridos en las primeras horas de este sábado, se esgrime como excusa la supuesta vinculación del gobierno venezolano con el narcotráfico.
El país se despertó con el estruendo de detonaciones de misiles que cayeron desde helicópteros a instalaciones militares y zonas urbanas en la capital, Caracas, y los estados vecinos de Miranda, La Guaira y Aragua (norte). Sin embargo, detrás de ello también hay un trasfondo relacionado con alteraciones en el orden geopolítico regional y mundial y con la discusión sobre la explotación de las vastas reservas de petróleo que posee el territorio caribeño.
La cuestión geopolítica
El analista geopolítico y vicerrector de Investigación y Creación Intelectual de la Universidad Internacional de las Comunicaciones (LAUICOM), Luis Delgado Arria, indicó a Página/12 que la avanzada sobre Venezuela significa que Estados Unidos necesita recuperar lo que considera “su patio geopolítico y geoestratégico trasero”, a fin de demostrar al resto del mundo que, pese a su grave crisis, todavía Estados Unidos tiene “garras y dientes afilados para afirmarse en el hemisferio occidental, incluso a sangre y fuego”.
“En segundo lugar, significa que tras perder en las guerras y confrontaciones en Irak, Afganistán, Vietnam… Estados Unidos busca controlar de modo incontestable al menos su espacio estratégico vital, tanto por razones de seguridad y defensa, como por razones geopolíticas y de captura, seguramente casi gratuita, de recursos estratégicos, tales como el petróleo, el gas, el oro, el litio y las tierras raras, elementos de los que dependen sus corporaciones militares y tecnológicas digitales, y de cuyo destino depende hoy el capitalismo MAGA que impulsa Donald Trump», señaló el analista geopolítico.
“En tercer lugar, esta contraofensiva imperialista significa que Estados Unidos ha concluido que hacer caer, o al menos lograr neutralizar a Venezuela, es mucho más rápido y fácil par retomar el control sobre América Latina y el Caribe, y ellos le va a permitirá recobrar fuerzas, a fin de luego confrontar a China, Rusia, Irán y resto de los países BRICS”, añadió.
Delgado Arria también dijo que suscribe a lo expresado por el relator de Derechos Humanos de la ONU, Ben Saúl, quien en un posteo en la red social X condenó la agresión de Estados Unidos y afirmó que cada vida venezolana perdida constituye una violación del derecho a la vida, además de señalar que Trump debería ser sometido a un juicio político e investigado por las presuntas muertes ocurridas durante el operativo de la madrugada. “Es clave que nosotros sepamos que esto no es una guerra contra los gobiernos, ni contra el presidente Maduro, ni contra los venezolanos. Es una guerra de clase contra todos los trabajadores y todos los expropiados del mundo», agregó el académico venezolano.
La importancia del crudo
En el marco de la presión de las últimas semanas por parte de Estados Unidos, Trump había comenzado a argumentar que el chavismo robó las instalaciones y activos de empresas petrolíferas estadounidenses en Venezuela y anunció que iba a confiscar petroleros que transporten crudo venezolano, algo que ya ha hecho en dos ocasiones.
A su vez, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció esta semana sanciones para cuatro empresas involucradas en el transporte de crudo venezolano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro anunció identificó a cuatro buques petroleros asociados a estas empresas como “bienes bloqueados”, que son aquellos que deben ser congelados —nadie debe moverlos, usarlos o emplearlos en operaciones de compra/venta sin autorización Federal— pero que no pueden ser confiscados, ya que siguen siendo propiedad de la entidad sancionada.
Washington considera que varios de estos buques forman parte de la llamada “flota fantasma” que Caracas emplea para vender crudo y que, según el Gobierno de Donald Trump, continúan suministrando recursos financieros que alimentan supuestamente al gobierno de Maduro. Entre las entidades sancionadas se encuentran, Corniola Limited y Krape Myrtle, dueña y operadora respectivamente del petrolero Nord Star, que queda designado como activo bloqueado, así como Winky International, cuyo buque Rosalind también queda señalado como bien bloqueado.
El paquete anunciado complementa, según Washington, otros castigos recientes anunciados por la OFAC el 11 y 19 de diciembre que sancionaban a familiares de Maduro —como la primera dama Cilia Flores y su sobrino Carlos Erik Malpica Flores— y sus entornos inmediatos.
Respecto a la respuesta internacional ante estas presiones, Luis Delgado Arria recordó que Rusia y China han declarado explícitamente que no dejarán sola a Venezuela en caso de una ofensiva militar estadounidense. “Venezuela ha dejado de ser un país más en el tablero mundo para convertirse en el laboratorio vivo en donde se decide hoy el nacimiento de un nuevo orden multicéntrico y pluripolar. Venezuela posee al menos 36 billones de dólares en recursos estratégicos probados e internacionalmente certificados. Precisamente un monto que es idéntico a la deuda externa estadounidense», explicó. “El estado profundo necesita apropiarse de esos recursos a fin de oxigenar sus finanzas, retardar la caída del dólar y tomar control de la seguridad energética y tecnológica a largo plazo en la región y en el mundo”, añadió.
Los antecedentes del ataque
La creciente presión regional comenzó en agosto, cuando Trump ordenó un despliegue con buques y aviones militares en el Caribe bajo el argumento de la lucha antinarcóticos. Las fuerzas militares estadounidenses bombardearon desde el pasado 2 de septiembre unas 35 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico supuestamente vinculadas al narcotráfico. Estos ataques han dejado un centenar de muertos. Cada disparo ha sido anunciado en redes sociales por la Casa Blanca, en publicaciones en las que por lo general se adjuntaba un video de una lancha flotando en el agua antes de una gran explosión y un incendio posterior. En ninguna ocasión Washington ha mostrado evidencias de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza para el país.
Tanto el Gobierno de Maduro como el de Gustavo Petro en Colombia —también acusado por Trump de mantener vínculos con el narcotráfico— han denunciado los bombardeos sobre el mar como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por su parte, advirtió que se trata de violaciones del derecho internacional y pidió a Estados Unidos que ponga fin a estas acciones.
A todo esto se une el ataque, anunciado por Trump esta semana, sobre un muelle en el litoral venezolano supuestamente empleado por la banda criminal Tren de Aragua y que supone el primer bombardeo sobre un objetivo en territorio venezolano por parte del gobierno norteamericano antes de la operación llevada a cabo en las últimas horas en Caracas.
Otro antecedente de la escalada de presión ocurrió a mediados de diciembre, cuando Washington firmó un acuerdo de cooperación militar con Guyana, país limítrofe con Venezuela. La Casa Blanca apoya al país sudamericano en su disputa fronteriza con Venezuela por la región del Esequibo, una vasta zona de unos 160.000 kilómetros cuadrados, rica en yacimientos petroleros y recursos naturales, que Caracas disputa con Guyana, país que la administra y también la considera suya. En ese tablero, el territorio gobernado por Maduro apareció como un objetivo central por sus recursos, su ubicación estratégica y sus vínculos con potencias rivales del gobierno norteamericano.
