Por la magnitud de sus beneficios, el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) es tal vez el mayor compromiso fiscal asumido por el Gobierno para la promoción de proyectos. Suponiendo un escenario de máxima actividad, el costo anual para las arcas públicas podría exceder los USD 1.000 millones, según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El costo fiscal podría variar entre USD 786 y USD 1.395 millones por año, dependiendo del volumen de exportaciones alcanzado en la próxima década.
De acuerdo con el análisis de CEPA, la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25% constituye el principal factor de resignación tributaria, equivalente a USD 545 millones anuales en el escenario base. A esto se agrega la renuncia a cobrar retenciones sobre exportaciones por USD 107 millones cada año, con especial impacto en el sector minero de litio y plata. Sectores como petróleo, gas y oro ya contaban con derechos de exportación en 0% antes de la implementación del régimen.
Durante la llamada fase de construcción, que se extenderá entre 2026 y 2028, el costo fiscal anual proyectado asciende a USD 430 millones, principalmente por la exención de aranceles y la devolución anticipada del IVA, informó el CEPA. Hasta mayo de 2026 -fecha de elaboración del informe-, había 12 proyectos de inversión aprobados bajo el régimen, por una suma total de USD 26.680 millones y proyección de exportaciones anuales por USD 28.141 millones. La mayoría de estas iniciativas corresponde a energía renovable, hidrocarburos, gas natural licuado (GNL), minería y siderurgia.
En la estructura de inversiones que relevó CEPA, YPF ocupa un rol preponderante. Según el estudio, la petrolera de mayoría estatal concentra 68,5% del financiamiento total comprometido dentro del régimen.
Si bien el informe es previo al último anuncio de la petrolera de mayoría estatal, el pasado viernes YPF presentó el mayor proyecto en valor del régimen. Se trata de una inversión de USD 25.000 millones para LLL Oil, uno de los proyectos de exportación de petróleo más relevantes en la historia argentina, según definió la compañía. La empresa informó que LLL Oil prevé la perforación de 1.152 pozos, con la expectativa de alcanzar un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032. Según consignó el CEO y presidente de la firma, Horacio Marín, el crudo “estará destinado 100% al mercado de exportación y será evacuado a través de VMOS”.
Debate sobre la eficiencia fiscal
El informe de CEPA revela que, aunque actualmente hay 16 proyectos aprobados, al menos siete de ellos fueron anunciados, avanzados o estaban en ejecución previo a la sanción del RIGI, lo que genera críticas al considerar que las exenciones fiscales podrían haberse otorgado a iniciativas que igualmente se habrían materializado. “El RIGI otorga beneficios fiscales extraordinarios a inversiones que probablemente se hubieran realizado de todas formas”, consignó el documento.
A pesar de esta conclusión, hay quienes aseguran en la industria que muchos proyectos, sobre todo los energéticos, hubieran sido imposibles de ubicar en el país. El RIGI, tanto entre el empresariado local, como desde el punto de vista de quienes residen en el exterior y miran con atención a la Argentina, es uno de los principales motivos por los que muchas empresas decidieron apostar por el país y no por otras plazas.
De hecho, el régimen ya esta generando tensiones del otro lado de la Cordillera de los Andes. Frente al desafío de captar inversiones en la nueva era global de los minerales críticos, líderes empresariales chilenos nucleados bajo la Cámara Minera de Chile, reclamaron a la administración del presidente José Antonio Kast adoptar una estrategia de desarrollo más ágil y ambiciosa, o arriesgarse a quedar rezagados en el denominado “siglo del cobre sudamericano”.
“Milei hizo en 18 meses lo que en Chile no hemos logrado en 10 años. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones es un instrumento de política pública notable y Chile tiene que tomarlo como referencia”. La comparación expuesta en el comunicado señala la diferencia de escala: en menos de dos años, Argentina aprobó 12 proyectos con inversiones por USD 26.000 millones, mientras que Chile priorizó proyectos por USD 62 millones.
La estructura del régimen incluye incentivos como la exención de aranceles en la importación de bienes de capital, la devolución anticipada de IVA mediante Certificados de Crédito Fiscal, la posibilidad de computar el total del impuesto a los créditos y débitos bancarios, y la reducción de la alícuota sobre dividendos para no residentes. Además, los proyectos cuentan con estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria garantizada por 30 años y acceso gradual a la libre disponibilidad de divisas.
Ya son 16 los proyectos aprobados
A comienzos de la semana, el Gobierno sumó cuatro nuevas iniciativas al régimen, alcanzando los 16 proyectos aprobados por casi USD 30.000 millones, según informó Luis Caputo, ministro de economía, en su cuenta de X. Caputo precisó que existen “otros 20 en evaluación”.
Entre los recientes aprobados destaca el yacimiento de cobre de Minera San Jorge, la ampliación de Caucharí Olaroz para el litio y la expansión del gasoducto Perito Moreno —con una inversión de USD 550 millones a cargo de Transportadora de Gas del Sur (TGS)—, cuya obra añadirá 12 millones de metros cúbicos diarios de gas al sistema de Buenos Aires en 2027 y generará 7.535 empleos durante la construcción.
En paralelo, la minera canadiense AbraSilver obtuvo el visto bueno para desarrollar el proyecto Diablillos, con una inversión inicial de USD 481 millones —ampliable hasta USD 764 millones— en una mina de oro y plata emplazada entre Salta y Catamarca, que proyecta 2.013 puestos de trabajo y USD 417 millones en potencial exportador, según los datos del ministerio.
